Embargo sobre el carro: quién lo ordena y cómo se levanta
Quién puede embargar un carro en Colombia, cómo aparece en el RUNT, hasta cuánto pueden embargarle y qué hay que hacer para levantar la medida en cada caso.

El embargo casi nunca se descubre el día en que se decreta. Se descubre meses después, en la ventanilla del organismo de tránsito, cuando el traspaso que parecía de trámite se cae porque el vehículo tiene una limitación inscrita. Para entonces ya hay un comprador esperando y, con frecuencia, plata de por medio.
Esta guía está escrita para el dueño del carro embargado, no para el que está pensando en comprar uno. Si usted está del otro lado del negocio, lo que necesita revisar antes de entregar el dinero está en la guía de traspaso de vehículo.
Un embargo no es una deuda: es una orden escrita en el registro
Un embargo es una medida cautelar. No cobra nada por sí mismo ni cambia el dueño del carro: lo que hace es inmovilizar jurídicamente el bien para asegurar que, si la obligación no se paga, haya con qué responder. Por eso se habla de limitación a la propiedad y no de deuda.
Cuando el bien está sujeto a registro —y un vehículo lo está— la medida no se perfecciona con la firma del funcionario, sino con la inscripción. El numeral 1 del artículo 593 del Código General del Proceso dice que el embargo de bienes sujetos a registro «se comunicará a la autoridad competente de llevar el registro con los datos necesarios para la inscripción», y que si los bienes no pertenecen al afectado con la medida, «el registrador se abstendrá de inscribir el embargo y lo comunicará al juez».
Ese detalle importa más de lo que parece: significa que entre la orden y el registro hay un paso administrativo, y que ese paso tiene un número de oficio. Ese número es el hilo del que se tira después para levantarla.
Las dos puertas por las que entra un embargo
Casi toda la confusión sobre este tema viene de tratar el embargo como una sola figura. Son dos, con normas distintas y con trámites que no se parecen.
La puerta judicial. Un juez decreta la medida dentro de un proceso —ejecutivo, de alimentos, laboral, de responsabilidad civil—. Se rige por el Código General del Proceso, y para levantarla hay que volver al expediente donde se ordenó.
La puerta administrativa. Un organismo de tránsito cobra multas que usted no pagó. El artículo 159 de la Ley 769, en el texto que le dio el artículo 206 del Decreto 19 de 2012, deja a las autoridades de tránsito «investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario». Y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 añade la pieza que completa el cuadro: las entidades públicas con cobro coactivo «deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario».
De ahí sale la consecuencia práctica: cuando el embargo lo ordena una secretaría de movilidad, las reglas que mandan no son las del juez civil sino las del Estatuto Tributario, y no hay juzgado al cual acudir. El artículo 837 de ese estatuto permite decretar el embargo «previa o simultáneamente con el mandamiento de pago», que es la razón por la que tanta gente se entera de la medida antes que del cobro.
Qué dato hay que sacar de la consulta del RUNT
La consulta ciudadana por placa muestra la información en dos niveles. En la información general aparece un sí o un no sobre limitaciones; el detalle vive en un bloque aparte, Limitaciones a la propiedad, que según el instructivo de consulta del RUNT trae el tipo de limitación, el número de oficio con el que se registró y la entidad jurídica que la ordenó.
El dato que decide todo lo que viene después es el tercero. Si la entidad es un juzgado, usted está en la puerta judicial. Si es una secretaría de movilidad o un instituto de tránsito municipal, está en la administrativa. El paso a paso de la consulta, que es gratuita, está en la guía de consulta del RUNT por placa.
Conviene no confundir el embargo con la prenda. Las dos salen como limitación y las dos bloquean el traspaso, pero una prenda es una garantía que usted constituyó voluntariamente al financiar el carro y se levanta por otro camino, el que describe la guía de levantamiento de prenda.
Lo que el embargo le impide y lo que no
Lo que queda bloqueado es la disposición del bien: no puede venderlo, ni traspasarlo, ni darlo en garantía mientras la medida siga inscrita. La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá lo resume sin rodeos en su abecé de desembargos: «su dueño no podrá venderlo o disponer de este hasta tanto no se ponga al día con sus obligaciones».
Lo que no queda bloqueado es el uso. Embargo e inmovilización son cosas distintas: un carro embargado que no haya sido secuestrado ni llevado a patios se puede seguir conduciendo con normalidad. Tampoco desaparecen sus obligaciones: el SOAT y la revisión tecnomecánica se siguen debiendo igual, y circular sin ellas genera un comparendo nuevo que, si tampoco se paga, termina alimentando el mismo proceso de cobro.
Hay un matiz que sí cambia la vida diaria: el secuestro. El embargo inscribe; el secuestro saca el bien de sus manos y lo pone bajo un auxiliar de la justicia. Son dos medidas que pueden ir juntas o separadas, y la mayoría de los embargos de vehículo por multas se quedan en la primera.
Hasta cuánto pueden embargarle
Hay un techo, y está en las dos vías. En la judicial, el artículo 599 del Código General del Proceso ordena al juez limitar la medida a lo necesario: «el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas», salvo cuando se trate de un solo bien o cuando dividirlo le quite valor.
En la administrativa, el artículo 838 del Estatuto Tributario dice lo mismo en una línea: «el valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses». Y añade algo que conviene saber: si hecho el avalúo los bienes exceden esa suma, «deberá reducirse el embargo si ello fuere posible», de oficio o a solicitud del interesado.
Esa última frase es una herramienta real. Si le embargaron el carro y además las cuentas y el salario por una deuda que no justifica las tres medidas, la reducción se puede pedir, y la norma obliga al funcionario a considerarla sin esperar a que usted demande.
Cómo tasan su carro cuando el embargo es por multas
En el cobro coactivo el avalúo no lo hace un perito ni se discute con una revista de precios. El parágrafo del artículo 838 del Estatuto Tributario, en el texto del artículo 264 de la Ley 1819 de 2016, fija una regla por tipo de bien, y la de vehículos es el literal b: «tratándose de vehículos automotores, el valor será el fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento del último año gravable».
Es decir, su carro vale lo que diga la tabla del Ministerio de Transporte que se usa para liquidar el impuesto vehicular. Esa tabla suele ir por debajo del precio de mercado de un usado bien cuidado, lo que en la práctica juega a favor del deudor cuando se discute si el embargo excede el techo del doble.
Del avalúo se corre traslado por diez días para que el interesado presente objeciones, y si no está de acuerdo puede allegar un avalúo distinto; la administración resuelve dentro de los tres días siguientes y contra esa decisión no procede recurso. Son plazos cortos, y empiezan a correr con la notificación, no con el día en que usted se entera.
Si lo ordenó un organismo de tránsito: pagar y esperar quince días hábiles
Aquí el trámite es más simple de lo que la mayoría cree, y el error habitual es contratar a alguien para que lo haga. La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, que publica el procedimiento con más detalle que casi cualquier otro organismo del país, explica que una vez verificado el pago total de las obligaciones la entidad gestiona internamente el levantamiento ante la autoridad competente, y que ese trámite «se efectúa de forma masiva y automática, sin requerir gestión del interesado, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la confirmación del pago efectivo».
Quien quiera adelantarlo puede radicar la solicitud, presencial o por el formulario web de la entidad, con el formato que ella misma publica. Pero el paso que de verdad mueve la medida es el pago, no la solicitud.
Dos advertencias que la propia secretaría pone por escrito y que ahorran viajes. La primera: la gestión de desembargo solo procede respecto de embargos decretados por esa entidad, de modo que si la deuda es con otra ciudad el trámite se adelanta en el organismo de tránsito competente. La segunda: antes de radicar nada conviene confirmar quién ordenó la medida, que es exactamente el dato del RUNT del que hablábamos. Para saber qué comparendos tiene y en qué jurisdicción, está la guía de consulta de comparendos; si la deuda viene de circular con el seguro vencido, la calculadora de multa por SOAT vencido le dice cuánto es antes de ir a pagar.
El depósito judicial no es un pago
Esta es la parte contraintuitiva, y la que más reclamos genera. Cuando el embargo recae sobre dinero —cuentas, salario— y le descuentan los fondos, ese dinero no entra a pagar la deuda: se constituye en un depósito judicial, que es una garantía.
La Secretaría de Movilidad de Bogotá lo dice con mayúsculas en su abecé: el descuento «NO ES UN PAGO», y la entidad solo puede disponer de ese dinero si el deudor autoriza expresamente la apropiación o hasta que se agote todo el procedimiento del Estatuto Tributario. Mientras tanto los intereses siguen corriendo sobre una deuda que, formalmente, sigue sin pagarse.
La salida es la autorización expresa de apropiación del título, que se puede radicar en cualquier etapa del proceso con el formato de la entidad. Si realizada la liquidación queda un saldo a favor, se devuelve. Y si usted pagó por otro canal y además le descontaron, lo que corresponde es pedir la devolución de los títulos de depósito.
Si lo ordenó un juez: las causales del artículo 597
En la vía judicial no hay un formulario: hay once causales tasadas en el artículo 597 del Código General del Proceso, y hay que encajar en alguna. Las que aparecen en la mayoría de los casos reales son estas.
- Numeral 1: lo pide quien solicitó la medida. Es lo que ocurre cuando se negocia con el acreedor y este desiste de la cautelar.
- Numeral 3: el demandado presta caución para garantizar lo que se pretende y el pago de las costas.
- Numeral 4: se ordena la terminación del proceso ejecutivo por revocatoria del mandamiento de pago «o por cualquier otra causa», que es donde cabe el pago total de la obligación.
- Numeral 7: del certificado del registrador aparece que la parte contra quien se profirió la medida no es la titular del dominio del bien.
- Numeral 10: pasados cinco años desde la inscripción de la medida no se halla el expediente en que se decretó. El juez fija aviso por veinte días y resuelve.
El mismo artículo cierra con una frase que vale oro cuando el levantamiento ya se ordenó pero el RUNT sigue mostrando la limitación: «en todo momento cualquier interesado podrá pedir que se repita el oficio de cancelación de medidas cautelares». Si el juez levantó la medida y el registro no se actualizó, no hay que empezar de cero: se pide que se repita el oficio.
Levantar la medida sin haber pagado todavía
Se puede, y hay dos caminos según la puerta por la que entró el embargo.
En la judicial, además de la caución del numeral 3, el artículo 599 le da una palanca al ejecutado que proponga excepciones de mérito y al tercero afectado con la medida: pueden pedirle al juez que ordene al ejecutante prestar caución de hasta el diez por ciento del valor actual de la ejecución para responder por los perjuicios, «so pena de levantamiento». No aplica cuando el ejecutante es una entidad financiera, una vigilada por la Superintendencia Financiera o una entidad de derecho público.
En la administrativa, el parágrafo del artículo 837 del Estatuto Tributario ordena levantar las medidas cuando el deudor demuestre que se admitió demanda contra el título ejecutivo y está pendiente de fallo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. También pueden levantarse, una vez admitida la demanda contra las resoluciones que fallan las excepciones, si se presta garantía bancaria o de compañía de seguros por el valor adeudado.
Vendió el carro y se lo embargaron después: el artículo 47
Este es el caso que más dinero cuesta y el que casi ningún sitio explica. Usted vendió el vehículo, el comprador no inscribió el traspaso, y en ese intervalo le cayó una medida cautelar por una deuda suya. El carro ya no es suyo de hecho, pero sigue siéndolo en el registro.
El inciso segundo del artículo 47 de la Ley 769 de 2002 resuelve exactamente ese escenario: si el dominio «hubiere sido afectado por una medida preventiva decretada entre su enajenación y la inscripción de la misma en el organismo de tránsito correspondiente, el comprador o el tercero de buena fe podrá solicitar su levantamiento a la autoridad que la hubiere ordenado, acreditando la realización de la transacción con anterioridad a la fecha de la medida cautelar». La Corte Constitucional declaró exequible ese inciso en la Sentencia C-532 de 2003.
Dos consecuencias prácticas. Para el comprador: la salida existe, pero exige prueba fechada de que la compraventa fue anterior a la medida, y una conversación de WhatsApp no suele bastar. Para el vendedor: el mismo artículo fija sesenta días hábiles para inscribir el traspaso, y mientras eso no pase el vehículo sigue expuesto a sus propias deudas. Es el mejor argumento que hay para no dejar un traspaso a medias.
Si la multa ya prescribió, el cobro no puede seguir
El artículo 159 de la Ley 769 pone un límite temporal al cobro de las multas de tránsito: prescriben «en tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho», la prescripción «deberá ser declarada de oficio» y se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. La norma es explícita en el paso siguiente: la autoridad de tránsito «no podrá iniciar el cobro coactivo de sanciones respecto de las cuales se encuentren configurados los supuestos necesarios para declarar su prescripción».
Conviene leer bien las dos fechas. El plazo corre desde el hecho, no desde la resolución, y lo que lo interrumpe no es cualquier carta sino la notificación del mandamiento de pago. Un embargo decretado sobre una sanción ya prescrita es discutible, y la solicitud de declaratoria de prescripción se radica ante el mismo organismo.
Si lo que usted discute no es el plazo sino el comparendo en sí, el camino es otro y tiene sus propios términos: está en la guía sobre cómo impugnar un comparendo.
Embargo más patios: la cuenta que crece sola
Cuando al vehículo embargado le sumaron una inmovilización, el problema deja de ser solo la multa. La Secretaría de Movilidad de Bogotá advierte que en ese caso se cobran todos los costos asociados a la retención y los honorarios del secuestre, que el deudor asume de forma adicional al valor de la multa y a los intereses de mora.
El parágrafo 6 del artículo 125 de la Ley 769 pone esos costos en cabeza del propietario del vehículo, y es por eso que los organismos los cobran contra quien figure en el RUNT, aunque el carro lo manejara otra persona. Hay, eso sí, un límite que suele olvidarse: el artículo 67 de la Ley 962 de 2005 dispone que para el cobro de los derechos de parqueo «sólo se podrá computar el tiempo efectivo entre la imposición de la multa y la cancelación de la misma ante la autoridad correspondiente», y que no se cuenta el tiempo que al interesado le tome cumplir requisitos adicionales para retirar el automotor.
Qué se paga, en qué orden y cómo se saca el carro está detallado en la guía de inmovilización, patios y grúa. La regla general es que la cuenta de parqueadero crece todos los días, así que es la parte del problema que conviene atacar primero.
Si nunca paga: el remate
El final del camino está escrito y no es una amenaza vaga. La Secretaría de Movilidad de Bogotá lo dice en su abecé: si el pago de la obligación no se hace por parte del deudor, la entidad «procederá a ordenar el remate del vehículo». En la vía judicial el desenlace es el mismo, dentro del proceso ejecutivo.
Antes de llegar ahí hay una salida intermedia que mucha gente no usa: el acuerdo de pago. Los organismos de tránsito los conceden, y la propia secretaría indica a quien no tiene con qué pagar el total que se acerque a hacerlo. Vale la pena saber que un acuerdo incumplido vuelve a ser causa de embargo, así que no es un trámite para firmar a la ligera.
Y si el vehículo ya no existe o no vale la pena recuperarlo, lo que queda es cerrar su vida registral en forma, no abandonarlo: ese procedimiento es el de cancelación de la matrícula, y no borra las deudas anteriores.
Cómo comprobar los datos de su caso
Nada de lo anterior sustituye la revisión de su expediente concreto, porque las dos variables que deciden —quién ordenó la medida y por cuánto— cambian en cada caso. Estos son los sitios donde se comprueban.
El registro: la consulta ciudadana del RUNT por placa, en el bloque de limitaciones a la propiedad, da el tipo de medida, el número de oficio y la entidad que la ordenó.
El proceso judicial: con el nombre o el número de radicado se consulta en el portal de consulta de procesos de la Rama Judicial.
La deuda de tránsito: en el portal del organismo donde se impuso el comparendo, que es el único competente para levantar el embargo que él mismo decretó.
Si después de revisarlo sigue sin estar claro cuál de las dos puertas es la suya, la pregunta correcta no es cuánto debe sino quién ordenó la medida. Con esa respuesta, el resto del trámite se ordena solo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo saber si mi carro está embargado?
En la consulta ciudadana del RUNT por placa. La información general trae un sí o un no sobre limitaciones a la propiedad, y un bloque aparte con el detalle: el tipo de limitación, el número de oficio con que se registró y la entidad que la ordenó. Ese último dato es el que indica si la medida viene de un juzgado o de un organismo de tránsito.
¿Cuánto se demora el levantamiento de un embargo por multas de tránsito?
La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá tramita el desembargo de forma masiva y automática dentro de los quince días hábiles siguientes a la confirmación del pago efectivo, sin que el interesado tenga que solicitarlo. Cada organismo de tránsito fija su propio plazo, así que en otras ciudades hay que confirmarlo con la entidad que decretó la medida.
¿Puedo manejar un carro embargado?
Sí. El embargo bloquea la disposición del vehículo —venderlo, traspasarlo, darlo en garantía—, no su uso. Otra cosa es el secuestro o la inmovilización, que sí sacan el carro de sus manos. Mientras circule sigue necesitando SOAT y revisión tecnomecánica vigentes, y un comparendo nuevo solo agranda la deuda que originó el embargo.
¿Hasta por cuánto me pueden embargar el carro?
El valor de los bienes embargados no puede exceder el doble de la deuda más sus intereses, según el artículo 838 del Estatuto Tributario en el cobro coactivo y el artículo 599 del Código General del Proceso en la vía judicial. Si el avalúo supera ese tope, la reducción del embargo se puede pedir y procede incluso de oficio.
Vendí el carro y después lo embargaron, ¿qué puedo hacer?
Si la medida se decretó entre la venta y la inscripción del traspaso, el inciso segundo del artículo 47 de la Ley 769 permite al comprador o al tercero de buena fe pedir el levantamiento ante la autoridad que la ordenó, acreditando que la transacción fue anterior a la medida. Hace falta prueba con fecha cierta de la compraventa.
¿Las multas de tránsito prescriben?
Sí. El artículo 159 de la Ley 769 fija tres años contados desde la ocurrencia del hecho, la prescripción debe declararse de oficio y se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. La norma prohíbe expresamente iniciar el cobro coactivo de sanciones que ya reúnan los supuestos para declararla prescrita.
Fuentes consultadas
- Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso (artículos 593, 594, 597 y 599) — Departamento Administrativo de la Función Pública
- Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito (artículos 47, 125 y 159) — Departamento Administrativo de la Función Pública
- Estatuto Tributario, Decreto 624 de 1989 (artículos 837, 838 y 839-1) — Departamento Administrativo de la Función Pública
- Ley 1066 de 2006, artículo 5 (cobro coactivo de las entidades públicas) — Secretaría del Senado de la República
- Ley 962 de 2005, artículo 67 (cómputo del tiempo de parqueo) — Departamento Administrativo de la Función Pública
- Decreto Ley 19 de 2012, artículo 206 (texto vigente del artículo 159 de la Ley 769) — Departamento Administrativo de la Función Pública
- Sentencia C-532 de 2003 (exequibilidad del inciso 2 del artículo 47 de la Ley 769) — Corte Constitucional
- Abecé de desembargos, actualizado el 11 de febrero de 2026 — Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá
- RUNT2-IN-1010 Consulta vehículo — Consulta Ciudadano, versión 1 — RUNT
- Consulta ciudadana de vehículos por placa — RUNT
- Consulta de procesos judiciales — Rama Judicial de Colombia
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