Impugnar un comparendo: la audiencia, los plazos y los recursos
Rechazar un comparendo se hace en audiencia pública, no por escrito. Los plazos reales, qué pruebas pedir, cuándo hay apelación y cuándo caduca la multa.

Un comparendo no es todavía una multa. Es una orden para que usted se presente ante la autoridad de tránsito, y la ley le deja dos caminos: aceptar la infracción —y entonces aplica la rebaja del artículo 136— o rechazarla, que es lo que la gente llama «impugnar». El segundo camino tiene reglas propias, plazos cortos y una trampa que cuesta cara: el recurso más importante no se presenta por escrito ni en los días siguientes, sino en voz alta y antes de salir de la audiencia.
Esta guía recorre ese segundo camino con el texto vigente del Código Nacional de Tránsito y las sentencias que le recortaron pedazos. Para consultar qué comparendos tiene y cómo funcionan los descuentos, la guía es la de consulta de comparendos en el SIMIT.
«Impugnar» no está en el Código: lo que existe es rechazar y comparecer
En la Ley 769 de 2002 no aparece la palabra impugnación para esta etapa, y eso explica buena parte de la confusión que circula. Lo que dice el artículo 136 es otra cosa: «Si el inculpado rechaza la comisión de la infracción, deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles».
O sea que no hay un formato de impugnación que se radique en una ventanilla y después se espera respuesta. Hay un proceso contravencional con audiencia, pruebas y fallo. Los escritos que se radican antes —solicitar la audiencia, pedir pruebas, aportar documentos— son preparación de esa audiencia, no un sustituto de ella. Por eso el calendario importa más que la redacción: un escrito impecable presentado después de que el fallo quedó en firme no sirve de nada.
Aceptar o rechazar: la decisión que condiciona todo lo demás
Las dos puertas se excluyen. El artículo 136 abre la rebaja «si el inculpado acepta la comisión de la infracción»: pagar con descuento es aceptar, y con eso se cierra la audiencia. Por eso conviene hacer la cuenta antes y no después.
Con la Unidad de Valor Básico de 2026 en $12.110, una infracción de categoría C —exceso de velocidad, usar el celular al volante— vale $633.111 completa y $316.556 si se paga dentro de los primeros cinco días con el curso. Una de categoría D, como conducir sin SOAT, son $1.266.222 completos. Puede verlas todas en la calculadora de multas.
La aritmética es incómoda a propósito: pelear significa renunciar a la mitad y arriesgarse al 100 %. Rechazar tiene sentido cuando hay un argumento concreto —usted no era el conductor, el comparendo no trae los datos que la ley exige, la cámara no estaba señalizada—, no cuando simplemente parece injusto.
Los plazos que de verdad corren, uno por uno
Los titulares que circulan hablan de «5, 11 y 20 días» como si fueran tres versiones de lo mismo. No lo son: cada uno sale de un artículo distinto y cuenta desde un hecho distinto.
| Plazo | Para qué, y desde cuándo cuenta | Norma |
|---|---|---|
| 5 días hábiles | Presentarse ante la autoridad, desde la orden de comparendo | Art. 135 |
| 5 días | Pagar el 50 % con curso, desde la orden de comparendo | Art. 136, num. 1 |
| 20 días | Pagar el 75 % con curso, desde la orden de comparendo | Art. 136, num. 2 |
| 11 días hábiles | Presentarse en infracciones por cámara, desde la entrega | Art. 8, Ley 1843 de 2017 |
| 6 días hábiles más | Actuación cuando el medio identifica vehículo o conductor, desde el recibo | Art. 137 |
| 10 días | Descargos del propietario no identificado, desde la notificación | Art. 129 |
| 30 días calendario | El proceso sigue sin usted, desde la presunta infracción | Art. 136 |
| 1 año | Caducidad de la acción, desde los hechos | Art. 161 |
Hay una ambigüedad conocida en los cinco y los veinte días de los descuentos: la norma dice «días» a secas, mientras que el inciso de la comparecencia dice «días hábiles». Está explicada con el concepto del Ministerio en la guía de comparendos, y la salida prudente es contar corridos.
Ante quién se comparece, y quién decide
El comparendo se atiende ante el organismo de tránsito de la jurisdicción donde ocurrió la infracción. El artículo 134 reparte la competencia según cuánto vale la multa: las inspecciones de tránsito conocen «en única instancia de las infracciones sancionadas con multas de hasta veinte (20) salarios», y «en primera instancia de las infracciones sancionadas con multas superiores a veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes o las sancionadas con suspensión o cancelación de la licencia para conducir, siendo la segunda instancia su superior jerárquico».
Esa frase, que suena burocrática, decide si usted va a tener derecho a apelar.
El artículo 136 añade un detalle útil: el pago y la comparecencia «podrá efectuarse en cualquier lugar del país». No lo obligan a viajar hasta el municipio donde lo pararon, aunque el proceso lo lleve ese organismo.
Qué pasa dentro de la audiencia pública
La audiencia no es una ventanilla de quejas. Es la etapa en la que el funcionario «decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles», y el mismo artículo 136 ordena que «en la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado».
Es decir: en una sola sesión se pide, se practica y se falla. No hay una segunda cita para traer lo que se olvidó.
El artículo 139 cierra el círculo: «la notificación de las providencias que se dicten dentro del proceso se hará en estrados». La decisión se entiende notificada en la audiencia misma, no por correo, y desde ese momento empiezan a contar los términos de ejecutoria.
Las pruebas que puede pedir, y las que le deben decretar
El artículo 135 obliga a que el formulario de comparendo único nacional le advierta dos cosas: «que tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en la audiencia, para la que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas que solicite». No es un favor del funcionario; está escrito en la ley que define el formulario.
Sirven los medios ordinarios: testigos, fotografías y videos con fecha, el certificado de un taller, el registro de un peaje, la constancia de que el vehículo estaba inmovilizado o en reparación ese día, el denuncio por hurto o por suplantación. El parágrafo 1 del artículo 137 va en la misma dirección y exige a los organismos adoptar «herramientas técnicas de comunicación y representación de hechos sucedidos en el tránsito, que se constituyan en medios probatorios».
En las infracciones detectadas por cámara hay una exigencia adicional que conviene revisar: el mismo artículo 137 dice que «deberá disponerse de la prueba de la infracción como anexo necesario del comparendo». Si el comparendo llegó sin la foto o el video que lo sustenta, eso es un punto para alegar en la audiencia.
Puede ir solo; si lleva apoderado, tiene que ser abogado
El artículo 138 es breve y claro: «El inculpado podrá comparecer por sí mismo, pero si designa apoderado éste deberá ser abogado en ejercicio». Las dos mitades importan. La primera, porque no necesita contratar a nadie para defenderse. La segunda, porque los intermediarios que ofrecen «tramitar» la impugnación sin ser abogados no pueden representarlo en la audiencia.
El parágrafo agrega que si resulta involucrado un menor de edad, debe estar asistido por su representante legal, por un apoderado designado por este o por un defensor de familia. El Ministerio Público también puede intervenir.
Los dos recursos, y por qué los dos son orales
Esta es la parte que más gente pierde sin saberlo. El artículo 142 dice que contra las providencias proceden reposición y apelación, y fija cómo se presentan:
- Reposición: procede contra los autos, ante el mismo funcionario, y «deberá interponerse y sustentarse en la propia audiencia en la que se pronuncie».
- Apelación: procede «sólo contra las resoluciones que pongan fin a la primera instancia» y «deberá interponerse oralmente y sustentarse en la audiencia en que se profiera».
Los dos recursos se interponen y se sustentan hablando, en la misma audiencia en que se dicta la decisión. No hay plazo de días para radicar un escrito después. Si usted escucha el fallo, se va y al día siguiente redacta una apelación, llega tarde: «toda providencia queda en firme cuando vencido el término de su ejecutoria, no se ha interpuesto recurso alguno o éste ha sido negado».
Sustentar quiere decir explicar por qué está mal la decisión, no solo anunciar que apela. Conviene llevar escritos los argumentos para leerlos en el momento.
Cuándo su multa no tiene segunda instancia
La apelación solo existe contra resoluciones que pongan fin a la primera instancia. Si su caso se decide en única instancia, no hay a quién apelar. Y eso depende del valor de la multa, según el reparto del artículo 134.
Las categorías del artículo 131 están expresadas en salarios mínimos diarios: 4, 8, 15, 30 y 45. Puestas frente al umbral de 20 del artículo 134, el reparto queda así:
| Categoría | Equivalencia legal | Valor 2026 | Instancia |
|---|---|---|---|
| A | 4 SMDLV | $168.813 | Única — sin apelación |
| B | 8 SMDLV | $337.627 | Única — sin apelación |
| C | 15 SMDLV | $633.111 | Única — sin apelación |
| D | 30 SMDLV | $1.266.222 | Primera — con apelación |
| E | 45 SMDLV | $1.899.211 | Primera — con apelación |
También van a primera instancia, sin importar la cuantía, las infracciones sancionadas con suspensión o cancelación de la licencia, cuyas causales están en la guía de la licencia de conducción.
Un matiz que hay que decir con todas las letras: desde 2026 las multas se liquidan en Unidades de Valor Básico y ya no en salarios diarios. El artículo 313 de la Ley 2294 de 2023 convirtió «cobros, sanciones, multas y tarifas», y no menciona las reglas de competencia; la equivalencia que usa la circular del Ministerio sale precisamente de esas mismas categorías en salarios diarios, así que el orden no cambia. Si en su caso hay duda, pregúntelo en la audiencia antes de que termine: de la respuesta depende si la apelación existe.
El comparendo mal diligenciado: qué exige el artículo 129
El artículo 129 enumera lo que el informe de tránsito debe contener: «el número de la licencia de conducción, el nombre, teléfono y dirección del presunto inculpado y el nombre y número de placa del agente que lo realiza».
Cuando no se puede indicar el número de la licencia, el mismo artículo exige «pruebas objetivas que sustenten el informe o la infracción», intentar la notificación al conductor y, si no se logra identificarlo, notificar al último propietario registrado para que rinda descargos en diez días.
Lo que seguía en esa frase —«en caso de no concurrir se impondrá la sanción al propietario registrado del vehículo»— fue declarado INEXEQUIBLE en la sentencia C-530 de 2003. La Corte dejó además condicionado el resto: el propietario «sólo será llamado a descargos cuando existan elementos probatorios que permitan inferir que probablemente es el responsable de la infracción».
El reloj que juega a su favor: la caducidad del año
El artículo 161, en la redacción que le dio el artículo 11 de la Ley 1843 de 2017, dice que «la acción por contravención de las normas de tránsito, caduca al año (1), contado a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron origen a ella. En consecuencia, durante este término se deberá decidir sobre la imposición de la sanción».
No hay que confundir dos relojes distintos. La caducidad es el plazo que tiene la administración para decidir y sancionar: un año desde los hechos. La prescripción del artículo 159 es otra cosa, corre después de que la multa existe y marca hasta cuándo se la pueden cobrar; esa está explicada en la guía de consulta de comparendos.
Si pasó más de un año entre la infracción y la decisión, eso se alega en la audiencia.
Si el recurso no se resuelve en un año, se entiende fallado a su favor
El mismo artículo 161 trae una regla que casi nadie cita y que vale la pena leer textual: «La decisión que resuelve los recursos, de ser procedentes, deberá ser expedida en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición, si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente».
Las dos condiciones son «debida y oportuna interposición». Es decir: el recurso tuvo que presentarse bien y a tiempo —en la audiencia, oralmente y sustentado—, que es exactamente lo que falla cuando alguien se va antes de apelar. Quien interpone el recurso como manda el artículo 142 gana, además del recurso, este reloj.
La revocatoria directa: solo cuando ya no queda proceso
La revocatoria directa es la figura que más se ofrece por fuera y la que más decepciona, porque el artículo 161 la puso en su sitio: «La revocación directa solo podrá proceder en forma supletiva al proceso contravencional».
Supletiva significa que no es un atajo para saltarse la audiencia. Y si prospera, la propia norma dice que «sus efectos serán a futuro», reiniciando el conteo de la caducidad desde la notificación de la aceptación, de modo que el presunto infractor recupere los términos para los descuentos o para la audiencia. Sirve para reabrir una puerta cerrada, no para evitar entrar por ella.
Fotomultas: lo que sí se puede alegar
El reloj de la fotodetección —tres días hábiles para enviar el comparendo, once hábiles para presentarse, según el artículo 8 de la Ley 1843 de 2017— está detallado en la guía de comparendos. Aquí interesan los argumentos de fondo, y hay dos en esa misma ley.
El primero es la señalización. El artículo 10 exige que donde funcionen estos sistemas «se deberá adicionar en la vía señales visibles que informen que es una zona vigilada por cámaras o radar, localizadas antes de iniciar estas zonas», y para los radares fijos de velocidad en vías nacionales fija la distancia: «la señal tendrá que ubicarse con una antelación de 500 metros».
El segundo es quién puede poner el comparendo. El artículo 4 reserva esa facultad a las autoridades de tránsito y añade que «no podrá entregarse dicha facultad ni por delegación ni mediante convenio a ninguna entidad de naturaleza privada».
A eso se suma lo que dijo la Corte en la sentencia C-980 de 2010 sobre la notificación al propietario: la sanción «no se produce de forma automática, por efecto de la sola notificación», y la presunción puede desvirtuarse acreditando, entre otros casos, que el vehículo circulaba «con placas falsas, adulteradas o duplicadas», que pertenece a alguien dedicado al alquiler o al leasing, o que «ha sido hurtado o sustraído a su propietario».
El propietario no responde por lo que hizo el conductor
Este es el punto donde más se desinforma. El parágrafo 1 del artículo 129 no admite matices: «Las multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción».
La responsabilidad solidaria que la Ley 1843 había creado para las fotomultas ya no existe: la Corte Constitucional resolvió «declarar la INEXEQUIBILIDAD del parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017» en la sentencia C-038 de 2020. Lo que quedó en pie es la solidaridad del artículo 93-1, que es mucho más estrecha: cubre al propietario y a «la empresa a la cual esté vinculado el vehículo automotor, en aquellas infracciones imputables a los propietarios o a las empresas», y exige imputabilidad personal.
Si usted vendió el carro y el traspaso nunca se perfeccionó, el problema de fondo es el registro y no el comparendo; esa ruta está en la guía del traspaso. Y si lo que pasó es que su dirección en el RUNT está desactualizada, revise cómo verificarla en la consulta gratuita del RUNT: el parágrafo 3 del artículo 8 pone esa carga sobre el propietario.
Lo que no pueden hacerle por no pagar, y lo que sí
Circula la idea de que si no paga la multa le inmovilizan el carro o le quitan la licencia. El artículo 140 contenía esa frase y hoy está tachada: la Corte declaró inexequible, en la sentencia C-799 de 2003, el aparte que decía que «será procedente la inmovilización del vehículo o preferiblemente la retención de la licencia de conducción si pasados treinta (30) días de la imposición de la multa, ésta no haya sido debidamente cancelada».
Lo que sí queda es el cobro coactivo, que el mismo artículo 140 mantiene, y el bloqueo de trámites mientras haya deuda. La inmovilización existe, pero por las causales propias del Código —no por el impago—, y está en la guía de patios y grúa. Y ninguna póliza cubre multas: son sanciones, como se detalla en las exclusiones del seguro de vehículo.
Si no compareció y ya hay fallo
El proceso no lo espera. Cuando el inculpado no comparece sin justa causa comprobada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del comparendo, el artículo 136 ordena que la autoridad, «después de treinta (30) días calendario de ocurrida la presunta infracción», siga el proceso: queda vinculado, se falla en audiencia pública y se notifica en estrados. Si es declarado contraventor, paga el 100 %.
Con el fallo en firme ya no hay recursos ordinarios. Quedan dos caminos y los dos son más largos: la revocatoria directa, con el carácter supletivo y los efectos a futuro que fija el artículo 161, y la vía judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para la que sí conviene un abogado. El artículo 9 de la Ley 1843 remite, en lo no regulado, al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Qué hacer según el punto en que esté
- Le acaban de poner el comparendo. Decida en frío si va a aceptar o a rechazar: cada día que pasa le quita descuento. Si rechaza, presente la comparecencia dentro de los cinco días hábiles y pida por escrito las pruebas que quiera que se decreten.
- Le llegó una fotomulta. Mire la fecha de validación y la de entrega, confirme que vengan los soportes como anexo y revise si la zona tenía la señalización del artículo 10. Tiene once días hábiles desde la entrega.
- Va para la audiencia. Lleve sus pruebas, sepa de memoria si su caso es de única o de primera instancia, y tenga escritos los argumentos para sustentar el recurso allí mismo.
- Salió el fallo en la audiencia. Si le es adverso y hay segunda instancia, apele oralmente antes de que termine la diligencia y sustente. No se vaya a redactarlo en la casa.
- Ya quedó en firme. Revise las fechas: si pasó más de un año entre los hechos y la decisión, o más de un año desde que interpuso un recurso bien presentado sin que lo resolvieran, hay algo que alegar.
Y una advertencia sobre lo que se ofrece afuera: quien prometa que «le borra» el comparendo promete algo que no depende de él. Lo que existe es un proceso, y el resultado depende de lo que se pueda demostrar.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se impugna un comparendo en Colombia?
Rechazando la infracción y compareciendo a la audiencia pública del artículo 136 ante el organismo de tránsito donde ocurrió. En esa audiencia el funcionario decreta las pruebas que usted solicite y las de oficio, las practica y sanciona o absuelve en la misma diligencia. No hay un formato que se radique y se deje en espera.
¿Cuántos días tengo para impugnar un comparendo?
Cinco días hábiles para presentarse ante la autoridad, contados desde la orden de comparendo (artículo 135). Si la infracción la detectó una cámara, el plazo es de once días hábiles desde la entrega del comparendo, según el artículo 8 de la Ley 1843 de 2017. Pagar con descuento dentro de los cinco o veinte días equivale a aceptar.
¿Hasta cuándo puedo apelar la decisión de la audiencia?
Hasta antes de que termine la audiencia. El artículo 142 exige que la apelación se interponga oralmente y se sustente en la misma diligencia en que se profiere la resolución, y la reposición igual. No existe un plazo de días para radicarla por escrito después: si nadie recurre, la providencia queda en firme.
¿Puedo impugnar un comparendo sin abogado?
Sí. El artículo 138 permite comparecer por sí mismo. Lo que exige es que, si decide nombrar apoderado, este sea abogado en ejercicio. Por eso los intermediarios que no son abogados no pueden representarlo en la audiencia, aunque le ofrezcan tramitarle la impugnación.
¿El dueño del carro tiene que pagar la multa del conductor?
No. El parágrafo 1 del artículo 129 dice que las multas no pueden imponerse a persona distinta de quien cometió la infracción, y la Corte declaró inexequible en 2020 la solidaridad que la Ley 1843 había creado para las fotomultas. Sigue vigente solo la del artículo 93-1, entre propietario y empresa de transporte a la que esté vinculado el vehículo.
¿Qué pasa si no voy a la audiencia del comparendo?
El proceso continúa sin usted. Pasados treinta días calendario desde la presunta infracción, la autoridad sigue el trámite, falla en audiencia pública y notifica en estrados, de modo que la decisión no le llega a la casa. Si lo declaran contraventor, paga el cien por ciento de la multa y pierde cualquier descuento.
Fuentes consultadas
- Ley 769 de 2002, artículos 129, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 y 142: informe de tránsito, competencia, procedimiento, audiencia, comparecencia, notificación, cobro coactivo y recursos — Secretaría General del Senado
- Ley 769 de 2002, artículo 161: caducidad de la acción, plazo para resolver los recursos y revocatoria directa — Secretaría General del Senado
- Ley 769 de 2002, artículo 93-1: solidaridad por multas del propietario y la empresa a la que esté vinculado el vehículo — Secretaría General del Senado
- Ley 1843 de 2017, artículos 4, 8, 9 y 10: competencia para expedir comparendos, procedimiento de la fotodetección, normas complementarias y señalización de las zonas vigiladas — Secretaría General del Senado
- Sentencia C-038 de 2020: inexequible el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843, que hacía solidariamente responsable al propietario — Corte Constitucional
- Sentencia C-980 de 2010: la sanción al propietario en fotodetección no es automática y la presunción se puede desvirtuar — Corte Constitucional
- Sentencia C-530 de 2003: inexequible sancionar al propietario por no concurrir, y condicionamiento del llamado a descargos — Corte Constitucional
- Sentencia C-799 de 2003: inexequible la inmovilización del vehículo o la retención de la licencia por no pagar la multa — Corte Constitucional
- Ley 2294 de 2023, artículo 313: creación de la Unidad de Valor Básico y conceptos que se convierten a ella — Secretaría General del Senado
- Circular Externa 20264000000037 del 2 de enero de 2026: valor de las multas de tránsito en UVB — Ministerio de Transporte
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